Por medio de una Carta Abierta emitida por la organización hermana Casa Memoria José Domingo Cañas de Chile conocimos la noticia sobre el suicidio de la compañera Nadia Romero Vidal. Con mucho dolor nos hemos enterado de que Nadia es la quinta víctima de represión policial violenta que toma la determinación de quitarse la vida. Estos suicidios representan otra de las consecuencias de la violencia con la que el Estado de Chile respondió a las justas demandas de la ciudadanía durante el estallido social iniciado en octubre de 2019.
Desde la Fundación para la Democracia expresamos nuestros sentimientos de solidaridad con las familias de las víctimas que han tenido que enfrentar este nuevo sufrimiento. Ese sentimiento se extiende a los y las miles de víctimas que sufrieron graves violaciones de sus derechos fundamentales en el contexto del levantamiento ciudadano en los meses finales de 2019 y el primer semestre de 2020. Debemos recordar que más de 500 personas resultaron mutiladas con pérdida ocular por la acción violenta de agentes del Estado; que se presentaron más de 8.000 denuncias de tortura, incluyendo múltiples casos de abuso sexual; y que el Instituto Nacional de DD.HH. presentó cerca de 2.000 querellas por casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Para nosotros, que junto a Rigoberta Menchú, Premio Nóbel de la Paz guatemalteca, acompañamos en las calles de Santiago varias de aquellas movilizaciones pacíficas, es motivo de gran preocupación constatar los escasos avances en materia de investigación, justicia y reparación respecto a estas graves violaciones.
Hacemos nuestras las denuncias presentadas por diversas entidades chilenas defensoras de derechos humanos, en el sentido de que las medidas adoptadas hasta el momento por los organismos gubernamentales no se acogieron a los estándares internacionales respecto a la noción de “reparación integral”. Entre otras falencias, las recomendaciones presentadas hasta el momento no tienen en consideración los traumas psicosociales derivados de la represión y no contempla a las víctimas que sufrieron otras lesiones producto del impacto de perdigones y otras armas mal llamadas menos letales. De acuerdo con datos del Movimiento Salud en Resistencia (2023), carabineros disparó más de un millón de perdigones durante el Estallido y a la fecha cerca de 700 personas viven con este tipo de munición alojado en su cuerpo.
La constatación de que a la fecha en Chile cinco víctimas de la represión han llegado al extremo de quitarse la vida y de la enorme cantidad de personas que han quedado condenas a vivir con perdigones incrustados en sus cuerpos, nos lleva a reiterar el llamado mundial para la proscripción del uso de las mal llamadas armas menos letales. A los centenares de víctimas chilenas hay que agregar las miles de víctimas que se siguen produciendo hasta el día de hoy en muchos países de América Latina y el Caribe y en el resto del mundo.
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